En una sesión del segundo debate que tuvo lugar el día martes, los delegados lograron aprobar con una clara mayoría de 40 votos a favor y solo siete en contra, el proyecto de ley que permite la jubilación anticipada de los agentes de la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) a la edad de 55 años. Esta resolución marca un hito significativo en la legislación relacionada con el personal de la OIJ, un cuerpo clave en la lucha contra el crimen en el país.

El documento mencionado corresponde al archivo 22817, titulado “Adición de artículos 226 BIS y 226 a la Ley No. 7333, Ley Orgánica del Judicial, del 5 de mayo de 1993, y sus reformas”. Cabe destacar que esta propuesta fue presentada durante el último período constitucional por el exlegislador independiente, Dragos Dolanescu, quien ha sido una figura relevante en la formulación de este tipo de iniciativas.

A pesar de la aprobación, la iniciativa enfrentó la oposición de la Corte Suprema de Justicia del Judicial, lo que llevó a que para ser aprobada se necesitara un mínimo de 38 votos en el segundo debate. Este detalle resalta la complejidad del proceso legislativo y los diferentes puntos de vista que existen sobre la reforma.

En una de las múltiples discusiones relacionadas con el tema, se evidenció la frustración de los agentes del OIJ, que incluso dieron la espalda a la cabeza del partido gobernante, Pilar Cisneros, mientras ella exponía las razones en contra de la ley. Este acto simboliza la tensión existente entre los cuerpos de seguridad y las autoridades políticas, que a menudo tienen diferentes enfoques sobre la gestión y las condiciones laborales del personal policial.

¿En qué consiste la propuesta del proyecto de ley?

Esta nueva legislación tiene como propósito mejorar las condiciones laborales de los agentes de la policía judicial, particularmente en la lucha contra el tráfico de drogas, una de las problemáticas más apremiantes del país. La propuesta busca también permitir que los funcionarios del OIJ que, con base en sus funciones, necesitan el permiso de porte de armas, puedan acceder a un régimen de pensiones que se formule en función de sus últimos 20 salarios mensuales, otorgando así un incentivo para su jubilación a una edad promedio de 55 años, diez años antes de lo que estipula el sistema legal costarricense que establece la edad de jubilación en 65 años.

Específicamente, la iniciativa establece que aquellos servidores que alcancen los 55 años de edad, y que hayan trabajado al menos treinta años en la institución, podrán beneficiarse de este nuevo régimen de pensiones. Aunado a ello, si se cumplen los 55 años, pero no los años de servicio, la jubilación se calculará así:

• Una vez cumplido el requisito de edad, si el servidor ha trabajado un mínimo de diez años en la institución, la jubilación se calculará de acuerdo con los años trabajados.
• Esto quiere decir que la jubilación tendrá en cuenta la duración del servicio en el OIJ, siempre y cuando haya sido de al menos cinco años.

La votación en contra fue únicamente por parte de los delegados de la Ley 7 del banco oficial, resaltando una división notable en el enfoque hacia la temática de las pensiones dentro de la OIJ. Sin embargo, a pesar de la aprobación en este segundo debate, el presidente Rodrigo Chaves mencionó que consideraría emitir un veto, lo que implicaría que se necesitarían 38 votos adicionales para poder avanzar con la implementación de esta ley.

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