Con el regreso de los diputados a sus funciones tras el descanso de la Pascua, el comité de seguridad y drogas de la Asamblea Legislativa se reunió para discutir diversos proyectos de ley; en otras palabras, comenzaron a deliberar sobre las iniciativas que continuarían su curso en el Parlamento.

Uno de los proyectos más destacados es una propuesta que busca desarrollar un banco de material genético que contenga información relevante sobre casos de crímenes sexuales violentos. Esta iniciativa se ha presentado formalmente con una lista de 24,327 individuos que cumplen con los criterios necesarios para la inclusión en esta base de datos.

La propuesta fue impulsada por Maria Marta Carballo, quien es la jefa de la unidad de violación del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Esta medida ha sido bien recibida y cuenta con el respaldo de la Comisión Legislativa, que ha manifestado su intención de buscar varias enmiendas a la misma, utilizando para ello el Artículo 137 de la ley.

El propósito fundamental de la iniciativa es crear una base de datos exhaustiva de aquellos individuos que se encuentran recluidos por delitos sexuales. Además, se buscará obtener el material genético de aquellos sentenciados a más de cuatro años de prisión por tales delitos.

Carballo, al presentar esta valiosa propuesta, explicó que su objetivo es facilitar las investigaciones en casos de delitos sexuales y mejorar la eficacia del sistema judicial. “Estamos promoviendo un proyecto que permitirá no solo optimizar las investigaciones futuras, sino también asegurar la protección del público, la eficiencia en los juicios, la prevención del delito y, sobre todo, la defensa de los derechos de las víctimas”, añadió.

Este proyecto de ley es crucial para fortalecer la investigación y la resolución de los casos de delitos sexuales, especialmente aquellos donde se haya encontrado evidencia genética significativa que pueda ser determinante.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se ha manifestado a favor de la creación de este banco de ADN. Randall Zúñiga, director de la Corte, ha catalogado esta propuesta como un avance considerable. “Hemos discutido la necesidad de contar con un registro de delincuentes que permita al OIJ monitorear a los posibles depredadores sexuales. Esto es especialmente relevante en contextos donde, tras cumplir su condena, la vigilancia de estos individuos ya no es posible debido a las restricciones legales”, explicó Zúñiga, enfatizando la importancia de esta acción en la protección de las mujeres.

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En 10 años

La iniciativa contempla la adición de dos subcapítulos al Artículo 4 de la Ley orgánica del Instituto de Investigación Judicial (OIJ). Este añadido permitirá consolidar la creación de un banco de material genético que será utilizado para la investigación, garantizando al mismo tiempo la máxima confidencialidad de la información obtenida.

Según el proyecto, la agencia estará obligada a proteger y restringir el acceso a toda la información recopilada, asegurando la mayor confidencialidad para su uso exclusivo por parte de investigadores, jueces, fiscales y defensores en el contexto del proceso judicial correspondiente. Esto es esencial para resguardar los derechos de todos los involucrados y mantener la integridad del proceso.

Los datos recopilados permanecerán archivados en los registros del OIJ durante un periodo de diez años, tras el cual toda la información y el material genético deberán ser eliminados para asegurar el cumplimiento de los principios de privacidad y protección de datos.

Randall Zúñiga también explicó el procedimiento que se seguirá para recolectar las muestras necesarias que permitirán la creación de este banco de material genético. “Las muestras se obtendrán de manera no invasiva, utilizando un dispositivo que se coloca en el paladar de la boca, a fin de extraer células epiteliales que luego serán comparadas para conformar la base de ADN. De este modo, se espera que los casos de delitos sexuales puedan resolverse con mayor rapidez y eficacia”, detalló Zúñiga.

Una vez que se completen las revisiones y se incluya la opinión pública, el proyecto será enviado al Ministerio Público. No obstante, se anticipa que regresará al Comité de Seguridad para que se realicen las modificaciones pertinentes a través del Artículo 137 antes de ser sometido a las primeras y segundas discusiones en el Parlamento.