Recientemente ha surgido una queja formal ante el Comité de la ONU para los Derechos del Niño, que involucra a un grupo de 81 menores de edad que fueron deportados desde los Estados Unidos y se encuentran actualmente en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), situado en la frontera de Panamá. Esta situación ha generado inquietud dada la vulnerabilidad de estos menores, que provienen de contextos conflictivos y representan una serie de preocupaciones sobre sus derechos y bienestar.

El New York Times y El País, dos de los medios de comunicación internacionales más influyentes, informaron sobre esta delicada situación el pasado jueves. De acuerdo a los reportes, estos menores, que provienen de países como Irán, Azerbaiyán y Afganistán, han sido detenidos durante casi dos meses en condiciones que podrían generar un ‘daño irreparable’ a su desarrollo físico y emocional.

La queja también incluye los relatos de cuatro niños cuyos rangos de edad oscilan entre los 2 y 10 años. Las familias de estos menores han expresado que no se les brindaron servicios fundamentales como educación, atención médica pediátrica ni asesoría legal mientras permanecían en el territorio costarricense. Este vacío en la provisión de servicios esenciales ha generado serias preocupaciones sobre la situación de estos niños.

“No podemos regresar a Afganistán; no estamos seguros allí”, afirmó uno de los migrantes en una entrevista con Voces, remarcando el temor que sienten tanto él como otros solicitantes. Por razones de seguridad, él y otros decidieron no revelar sus nombres completos.

Silvia Serna Román, la abogada principal del caso, ha subrayado que muchas de las personas en el centro están bajo la condición de “retorno voluntario”, pero plantea interrogantes sobre si este término es apropiado en tales circunstancias.

‘Si los pones en una situación en la que se ven obligados a decidir, realmente no están tomando el camino voluntario con esos retornos”, advirtió Serna.

El 7 de marzo, Serna presentó un hábeas corpus ante la sala constitucional de Costa Rica, argumentando que más de 200 personas privadas de su libertad no han cometido ninguna infracción en suelo costarricense y, por lo tanto, no existe justificación legal para mantenerlos detenidos. Actualmente, se espera una resolución sobre este caso.

Se han presentado informes técnicos de la Oficina del Defensor del Pueblo y de mecanismos nacionales de prevención de la tortura, así como documentos de organizaciones tanto nacionales como internacionales, que respaldan las quejas sobre las inadecuadas condiciones del centro. Estos informes apuntan a un patrón de falta de atención y recursos para garantizar el bienestar de los menores allí alojados.

El director de Migración y Extranjería, Omer Badilla, ha declarado a Voces que las personas en el CATEM “no están siendo detenidas” y explica que, debido a su situación, “deben ser protegidos” por el estado. No obstante, enfatiza que para poder salir de la instalación, se requiere la guía de la policía, lo que ha provocado cuestionamientos sobre la verdadera naturaleza de su libertad.

“Si alguien tiene miedo por su vida en su país de origen, Costa Rica no lo devolverá”, indicó Badilla, en una entrevista con el New York Times.

Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves ha manifestado que Costa Rica actúa únicamente como un punto de tránsito para aquellos que han sido deportados desde Estados Unidos, rechazando todas las acusaciones de detención o abuso arbitrario. Esta clarificación se produjo en medio de la creciente atención internacional hacia la situación en el CATEM.

‘Ayudamos al hermano rico del norte que, si impone un impuesto en nuestra zona libre, nos arruina. Y, además, el amor se paga con amor,” fueron las palabras del presidente en la prensa en el mes de febrero.