El diputado oficial Daniel Vargas ha lanzado una iniciativa mediante un proyecto de ley identificado como archivo 24.929. Este proyecto busca establecer la obligatoriedad para los cinco rectores de las universidades públicas del país, de presentar un informe anual que rinda cuentas a los delegados en el mes de febrero de cada año.

La esencia de esta propuesta radica en que los rectores deben elaborar un informe detallado que será presentado en un plenario, diseñado para informar a toda la población acerca de la situación de las universidades. El informe debe incluir un balance exhaustivo del último año calendario, centrándose especialmente en la salud financiera de cada institución universitaria. La idea es que este informe no solo sea un mero trámite, sino que realmente informe sobre la situación actual y el desempeño de estas universidades públicas.

El informe que deben presentar los rectores deberá abordar varios temas clave que son cruciales para la transparencia y la rendición de cuentas en el sector educativo. Se plantea que cada intervención o presentación tenga una duración máxima de 20 minutos y deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

• La adaptación de la oferta académica a las demandas del mercado laboral y cómo las universidades están respondiendo a estas necesidades.
• El porcentaje de inserción laboral de los profesionales que han completado programas de posgrado.
• Un análisis profundo sobre el desempeño de los estudiantes y su trayectoria académica.
• El promedio de costos por estudiante y su justificación dentro del sistema educativo.
• El porcentaje de estudiantes inscritos en programas de posgrado.
• El desempeño financiero de la institución, que incluirá un desglose de ingresos y gastos.
• Los ingresos detallados provenientes del Fondo Especial de Educación Superior, transferencias estatales, y otros recursos.
• Los gastos que involucran salarios, becas, y otras erogaciones relacionadas.
• Un balance financiero actual que se complementará con proyecciones a cinco años.
• El rendimiento de los cuerpos de investigación, evaluando costos y resultados obtenidos.
• El desempeño de los organismos que asesoran la administración pública y el impacto de sus acciones.

Presidente de Conare

Adicionalmente, se establece que el Presidente del Consejo Nacional de Rectores también deberá asistir y rendir cuenta mediante un informe que se dirigirá a toda la población, el cual debe incluir un balance de gestión del consejo pertinente al año pasado.

En este caso, contará con un espacio de 20 minutos para abordar los siguientes temas:

• El estado de la educación universitaria en general.
• La distribución presupuestaria del Fondo Especial de Educación Superior.
• Los ingresos generados a través del registro universitario.
• Las ganancias generadas por otros servicios ofrecidos por cada universidad.
• El número de carreras ofrecidas por cada universidad.
• Los costos por estudiante en cada institución.
• El porcentaje de graduados en comparación con el total de estudiantes matriculados.
• El porcentaje de éxito en la inserción laboral de cada universidad.

Dado el impacto significativo, Vargas recordó que, desde la perspectiva financiera y según el presupuesto nacional del año 2024 aprobado para el Ministerio de Educación Pública, las universidades públicas representan el 20.8% de dicho presupuesto.

“Es crucial que los objetivos planteados se cumplan de acuerdo a su correcta utilización, y que no haya ninguna duda sobre la formación oportuna y de calidad de los profesionales que necesitan nuestras industrias y el mercado nacional”, afirmó Vargas.

Este proyecto de ley se encuentra en su etapa inicial dentro del proceso legislativo, donde deberá transitar diversos pasos antes de convertirse en una ley formal de la República.