El pasado 1 de abril, la sesión legislativa llevó a cabo la aprobación en primera discusión de un proyecto de ley que tiene como objetivo permitir a los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) acceder a pensiones anticipadas si cumplen con ciertas condiciones. Este proyecto establece que estos profesionales podrán retirarse a los 55 años, siempre que hayan trabajado al menos 30 años dentro de la institución y cumplan con otros requisitos establecidos.

Posteriormente, el presidente Rodrigo Chaves hizo un anuncio significativo indicando su intención de vetar el proyecto de ley una vez que llegara a su escritorio. Este pronunciamiento generó un gran debate y preocupación entre los agentes del OIJ y sus representantes.

La votación para el segundo debate estaba programada para la semana pasada, sin embargo, el presidente decidió posponerla, argumentando la necesidad de buscar un consenso más amplio y solidario en torno a la legislación. Esta decisión provocó comentarios de la subdirectora Alejandra Larios, quien expresó la importancia de encontrar más apoyo antes de continuar con el proceso legislativo. Fue en este contexto que el proyecto fue retirado del programa de la agenda legislativa.

El Registro 22.817, presentado por Dragos Donolescu y Alejandra Larios, se introdujo en este período legislativo con la esperanza de atender una necesidad histórica para los agentes del OIJ. Durante su primera presentación, contaba con el respaldo de 32 legisladores y solo una oposición, pero en esta ocasión, la situación cambió considerablemente. El tiempo asignado para la discusión fue ocupado en su mayor parte por anuncios de oposición por parte de ciertos grupos legislativos, lo que impidió que otros asuntos avanzaran en la agenda legislativa. Así, el tiempo se agotó y el tema no pudo ser discutido en su segunda oportunidad.

En resumen, los agentes del OIJ realizaron un debate inicial sobre el importante proyecto de ley que les permite alcanzar una pensión a los 55 años de edad.

Propuesta

El proyecto tiene como objetivo proporcionar a los funcionarios del OIJ la oportunidad de acceder a una pensión anticipada al cumplimiento de los 55 años de edad, siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos que destacan su dedicación y servicio dentro de la entidad. Específicamente, los beneficiarios necesitan haber trabajado al menos durante 30 años en el OIJ para hacer uso de este beneficio. Esto les permitiría obtener pensiones equivalentes al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales, cantidad que se ajusta en función del índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a ese período.

Además, el proyecto incluye estipulaciones específicas que abordan cómo se llevaría a cabo la jubilación anticipada en el caso de incumplir los años requeridos. Un extracto del texto señala que:

“Si el retiro ocurre cuando el servidor o la servidora cumplen con el requisito de edad o más años, pero antes de completar los treinta años en los requisitos exigidos por las armas requeridas, la jubilación no se negociará en proporción a los años, siempre y cuando se haya servido la cantidad establecida de años.”

Luego, se detalla que para ajustar la cantidad a pagar, se multiplicará el monto especificado por el número de años atendidos y el producto se dividirá entre treinta, para determinar el resultado final.

El presidente Chaves ha argumentado que su intención de vetar el proyecto es en defensa de la disciplina y del compromiso que deben tener las instituciones del estado con las pensiones. Establece que la comparación con otros cuerpos de seguridad, como la policía, no es válida. “La situación que enfrentan los policías de las montañas, como Maynor Martínez, quien recientemente dejó su puesto, es crítica y requiere atención”, dijo Chaves en su alegato.

En conclusión, Chaves se ha mostrado firme en su decisión de vetar la legislación que permitiría a los agentes del OIJ disfrutar de pensiones anticipadas a los 55 años, lo que añade un punto de tensión en el panorama legislativo actual.