Recientemente, se han detenido 38 voces de los delegados que buscan aumentar la inmunidad del Presidente de la República, en este contexto específicamente de Rodrigo Chaves. Esta resolución se ha tomado luego de que el abogado y general, Carlo Díaz, acusó al presidente de estar involucrado en un escándalo relacionado con los lucrativos contratos suscritos del Banco Central de América para la Integración Económica (BCIE).

En el escenario político actual, se observa que tres frentes opositores (el Frente de Liberación, el Progresismo y el Liberal) junto con un bloque de delegados independientes están dispuestos a ofrecer sus votos para respaldar el aumento de la jurisdicción del presidente. Sin embargo, se reconoce que, a pesar de esta predisposición, aún no se lograrían los votos necesarios para llevar a cabo esta acción de manera efectiva. Este complejo panorama ha generado tensiones en el ámbito político, lo que pone de manifiesto tanto las divisiones como los conflictos de interés que prevalecen entre los distintos grupos.

Ante este incierto contexto, Pilar Cisneros, quien lidera el partido en el poder, ha calificado la decisión como «muy bien». A pesar de ello, el portavoz del gobierno expresó su deseo de que no se atrevan a continuar con el procedimiento que ampliaría la protección al presidente. Esta expresión de confianza refleja la posición firme que los miembros del gobierno mantienen al respecto, lo que sugiere que se preparan para una lucha legal o política que podría salir a relucir en los próximos días.

Riesgo de democracia

Cisneros ha caracterizado las acciones de Díaz como un «riesgo para la democracia». Además, se ha centrado en la declaración de Chaves, enfatizando que el presidente niega cualquier implicación en las acusaciones realizadas. «Tal vez él fue el que autorizó el contrato a Christian Bullgarelli (donde la oficina del fiscal servirá como testigo de la corona), la respuesta es no. Tal vez el presidente lo conoció, pero el Ministro de Comunicaciones en ese momento, Patricia Navarro, era quien tenía la cercanía con Bullgarelli», afirmó Cisneros desde la legislatura.

Agregó que fue la misma Navarro quien instó a Bulgarelli a realizar las condiciones de referencia con el BCIE, lo que subraya el punto de que el presidente no estaba directamente implicado en el proceso de adjudicación de los contratos. A esto se unió un cuestionamiento retórico que dejó en el aire la claridad de la situación: «¿Cuál es el sentido de que el presidente otorgue un contrato a alguien que ni siquiera conoce? ¿Cuál es su gran pecado? De ninguna manera, el presidente está involucrado».

«¿Cuál es el punto de que el presidente da un contrato a alguien que ni siquiera sabe? ¿Cuál es su gran pecado? De ninguna manera el presidente está en él.»

Por otra parte, la oficina del fiscal ha comenzado a investigar un posible regalo que Bulgarelli habría hecho al exasesor presidencial Federico Cruz, conocido coloquialmente como ‘Choreco’. Según las alegaciones de Díaz, el monto de este regalo ascendería a $32,000, los cuales estarían destinados para la compra de una vivienda. La acusación implica que Bulgarelli puede haber estado presionado o incentivado a pagar este presente a Cruz, quien también es relacionado como amigo cercano del presidente Chaves, en medio de las transacciones que involucran la renta con el BCIE.

Este caso pone de relieve una adjudicación que se deriva del «contrato marco para la prestación de servicios de consultoría». En cuanto a ‘Choreco’, este se encuentra bajo la atención del caso penal 25-000044-0033-PE. Por lo tanto, el presidente no solo ha sido objeto de acusaciones de connivencia, sino también de un delito relacionado con la conmoción cerebral, lo que implica que se le está acusando de presionar o inducir a alguien a entregar o prometer un beneficio patrimonial.