Luego de que el abogado Carlo Díaz denunciara al presidente Rodrigo Chaves por un presunto delito relacionado con la conmoción cerebral, lo que implica utilizar su cargo e influencia para beneficiar a un tercero, surge la pregunta: ¿cuál es el procedimiento que se sigue para avanzar en el proceso judicial? Es crucial entender que esta situación involucra a un alto funcionario, en este caso, al presidente de la República. La elevación de la inmunidad, así como la protección de la jurisdicción que otorga la constitución política a líderes, ministros, delegados y demás funcionarios, está sujeta a un proceso especial que requiere atención y formalidades específicas.
Este procedimiento ha sido resumido por el Departamento de Técnicos de la Asamblea Legislativa y se encuentra respaldado por una resolución emitida desde la Presidencia del Congreso, que proporciona un marco para abordar esta delicada situación.
¿Qué dice la oposición?
En la actualidad, contando con 38 votos necesarios para elevar la inmunidad del presidente, la situación ha generado un debate considerable sobre la postura de los diferentes grupos parlamentarios al respecto. Los resultados de estas discusiones son de suma importancia, no solo para el futuro del presidente, sino también para la importancia de la responsabilidad y la justicia en la administración pública.
Ovscar Izquierdo, jefe de la fracción del Partido Nacional de Liberación (PLN), expresó su pesar ante la acusación contra un presidente de la República, señalando que la bancada apoyaría la decisión de remover la inmunidad de Chaves: “Aceptaremos cumplir con los procedimientos legales correspondientes, y si se trata de aumentar la inmunidad, porque estableceremos los votos por ello”, afirmó.
Antonio Ortega, líder de la fracción del Frente Amplio (FA), también hizo eco de estas preocupaciones y señaló que si Chaves realmente tiene respeto por la institucionalidad, debería renunciar a su inmunidad.
Por su parte, María Marta Carballo, del Partido Cristiano Social, indicó que su fracción preferiría aguardar los resultados del procedimiento habitual antes de tomar una decisión formal sobre la situación.
José Pablo Sibaja, del grupo Nueva República, sugirió que el presidente debería considerar apartarse de su inmunidad. Sin embargo, mencionó que estaban en proceso de estudiar la cuestión sin apresurarse a tomar decisiones en este momento.
Luis Diego Vargas, jefe de la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), reiteró que aunque existe un proceso a seguir, el enfoque aún debería estar en la posibilidad de que la inmunidad sea levantada.
Comunicación a la Asamblea Legislativa
Una vez que se ha formalizado la comunicación de los recortes al presidente del Congreso, es necesario que se informe a los delegados tanto hombres como mujeres para recibir el documento pertinente.
Dicho documento será confidencial y su manejo se llevará a cabo con total discreción.
Existen dos posibles caminos a seguir:
- El primero consiste en notificar al Presidente de la República para que opte por renunciar voluntariamente a su inmunidad.
- El segundo, que se considera más engorroso, requiere la conformación de una comisión legislativa compuesta por tres delegados seleccionados por las distintas fracciones.
El presidente del Congreso deberá coordinar con los líderes de fracción para acordar una fecha en la que se designe la comisión especial encargada de este asunto.
Tras su instalación, la Comisión se comprometerá a cumplir con los plazos establecidos para evaluar las pruebas y decidir si se otorgan extensiones necesarias.
¿Cómo funciona esa comisión?
Durante su funcionamiento, la Comisión deberá revisar todos los documentos que le proporcione la Corte Suprema, así como escuchar las opiniones de las partes involucradas, incluyendo la del presidente Chaves y los delegados que consideren relevante aclarar los hechos.
La Comisión se encargará de recopilar todas las pruebas ofrecidas, tanto de parte del acusado como de los acusadores, y una vez finalizada la investigación, procederá a elaborar un informe que se presentará en la sesión correspondiente, en presencia del presidente, quien será invitado para participar en el proceso.
Después de la lectura del informe, se le concederá la palabra al acusado, quien, si está presente, podrá presentar su defensa ante los presentes.
Concluida la fase de investigación, el cuerpo legislativo deberá votar sobre el informe y la propuesta para determinar si se levanta la inmunidad, lo que permitiría que se inicie un proceso formal en las instancias judiciales.
Votar
Cuando se presente el informe de la Comisión Especial, este será ingresado a la agenda del plenario con la finalidad de que se considere su contenido.
Sería necesaria la aprobación de una moción de aplazamiento, lo que requeriría al menos 38 votos favorables, para poder discutir el informe en la sesión plenaria.
Cada legislador contará con un período de 15 minutos para exponer sus argumentos y opiniones sobre el asunto en cuestión.
El informe para el levantamiento de la inmunidad require, de nuevo, un mínimo de 38 votos favorables para ser aprobado.
Una vez que se aprueba el informe, este será comunicado a la Corte Suprema y el proceso judicial avanzará en la sala correspondiente.
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