La reciente sesión legislativa en Costa Rica, durante la cual se eligieron 42 suplentes, culminó con la aprobación del primer documento de debate 24,162. Este proyecto de ley tiene como objetivo castigar severamente a los individuos que introducen ilegalmente dispositivos como teléfonos móviles, satélites o cualquier otro medio electrónico en los centros penitenciarios del país.

La propuesta fue presentada inicialmente por la autoridad ejecutiva y se había declarado en octubre del año anterior. A lo largo del proceso, se presentaron cinco intentos previos desde la oposición, todos los cuales fueron rechazados antes de que finalmente se decidiera llevar el proyecto a votación.

Este nuevo marco legal contempla una pena de prisión que oscila entre dos y cuatro años para aquellos que sean sorprendidos ingresando teléfonos móviles u otros dispositivos de comunicación de manera ilícita en las cárceles.

El texto aprobado por el Parlamento establece de forma rotunda:

“Se impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión a aquellos que, de manera no autorizada, posean, introduzcan, faciliten o adquieran por cualquier medio el acceso a una institución penitenciaria de teléfonos móviles, satélites u otros dispositivos de comunicación, incluidos sus componentes técnicos y las tarjetas SIM”.

En Costa Rica, ha habido numerosos casos de fraudes perpetrados mediante llamadas realizadas desde centros de detención, donde los reclusos, en muchos casos, logran acceder a teléfonos móviles a través de visitas. Esto ha llevado a un aumento en los delitos relacionados con el uso indebido de estos dispositivos desde el interior de las cárceles.

Previamente a la aprobación de este proyecto, aquellos que facilitaban la introducción de estos equipos no enfrentaban penalización alguna, lo que generó un vacío legal que ahora queda cerrado con la nueva legislación.

Las sanciones propuestas se incrementarán en un tercio si los infractores son funcionarios públicos, proveedores de servicios o productos en instituciones cerradas. También se aplica a profesionales del derecho que, en ejercicio de su profesión, intentan introducir teléfonos móviles o a cualquier otra persona que cuente con un permiso especial de entrada, pero que no tenga la licencia adecuada para llevar a cabo dicha actividad.

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