Costa Rica obtuvo 56 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, presentado el 10 de febrero por Transparencia Internacional, calificación que confirma el estancamiento del país en la última década y lo aleja de los mejores resultados del continente y de los estándares de las democracias más sólidas.

Desde 2012, cuando el índice comenzó a medirse comparativamente, el país no ha logrado avances sostenidos. Su mejor resultado fueron 59 puntos en 2017, pero desde entonces se mantiene en la mitad de los cincuenta. El IPC clasifica a 182 países según la percepción de corrupción en el sector público, en una escala que va de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).

El puntaje actual ubica a Costa Rica por debajo de países como Canadá (75) y Uruguay (73), así como del promedio de democracias plenas, también de 73 puntos. Para la Asociación Costa Rica Íntegra, capítulo nacional de Transparencia Internacional, esta caída refleja la falta de acciones más vigorosas contra la corrupción y de iniciativas pendientes como la Estrategia Nacional de Integridad, las recomendaciones de la OCDE y la regulación de leyes claves sobre protección de denunciantes y acceso a la información pública.

Además, la caída del IPC contribuye a que otros indicadores democráticos muestren retrocesos, como la libertad de prensa y la independencia entre poderes del Estado.

“Estamos al frente de una nueva oportunidad, un nuevo gobierno, con alta legitimidad, que en la campaña electoral reitera su compromiso con la lucha contra la corrupción. Pero para mejorar se requiere un plan claro, rendición de cuentas, respeto a las libertades fundamentales y priorización de acciones sustantivas”, dice Juany Guzmán León, presidente de la Asociación Costa Rica Íntegra.

A nivel global, el informe advierte de un declive general, incluso en democracias consolidadas, y presta especial atención al impacto del crimen organizado en los procesos políticos.

“Con las elecciones de este año en las Bahamas (64), Colombia (37), Perú (30) y Costa Rica (56), se requiere una mayor transparencia en la financiación política y una aplicación más efectiva de la ley para prevenir y detectar la influencia corruptora del crimen organizado en las campañas electorales”, dice el informe.

“De manera similar, es esencial fortalecer la cooperación en casos de corrupción transnacional y la regulación de contadores, banqueros y abogados que facilitan a los corruptos y otros delincuentes ocultar dinero ilegal. Sólo así la región podrá fortalecer su resiliencia contra el crimen organizado y superar la desigualdad y la violencia que desgarran a sus sociedades.”, concluyó el informe.