La Contraloría General de la República (CGR) abrió un procedimiento administrativo ordinario contra un ex miembro de la junta directiva de la Junta de Protección Social (JPS) entre 2018 y 2022.

La situación por la que es investigado habría causado un daño al Tesoro Público mayor al ₡63 millones.

El caso, que fue publicado en el Boletín Oficial el 3 de febrero, expone la gestión de los fondos públicos y la obediencia a las órdenes del órgano de gobierno. La creación de bonificaciones está controlada por reglamentos internos que, por ley, sólo pueden ser aprobados por la Asamblea Legislativa o el Consejo de Gobierno.

Los delitos atribuidos al ex conductor incluyen:

• Elaboración inadecuada de dietas: Votó a favor de reformas regulatorias para pagar viáticos por participación en comités, ignorando que esta compensación reserva legal.
• Costos excesivos: Respaldó que los directivos se integren a tres comitéscuando la Ley de Salarios de la Administración Pública permite un máximo de dos.
• Desobediencia a la Contraloría: Presuntamente, esto generó el incumplimiento de una orden directa emitida por la Contraloría en 2021 de suspender estos pagos para que pudieran recibirse por otros ocho meses.

La investigación señala que el exdirector hizo caso omiso a varias advertencias de la propia empresa JPS Asesoría Jurídica.

la figura de los ¢63.269.061,96 es el monto estimado por el daño causado al Tesoro Público, del cual el exdirector habría responsabilidad civil solidaria.

Si se prueban las violaciones, las sanciones pueden incluir:

• El separación de cualquier cargo público actual.
• La prohibición de acceder o reingresar a cargos públicos por un período de 2 a 8 años.

Como no fue posible localizar personalmente al investigado para notificarlo, la Contraloría acudió al publicación oficial en La Gaceta para garantizar la continuidad del debido proceso.