los delegados Luz María Alpízar y Cynthia Córdoba Impulsan proyecto de ley para defender a las mujeres contra la violencia sexual digital.

El plan propone reformas al Código Penal para incluir penas de prisión por diversas conductas o acciones que expongan a las mujeres en las redes sociales.

Por ejemplo, Se impone pena de 2 a 6 años de prisión por acciones relacionadas con deepfake sexual o manipulación digital sexualizada.

“Quien genere, modifique, manipule o distribuya imágenes, audios o videos de carácter sexual falsamente atribuidos a una mujer, mediante inteligencia artificial u otras técnicas digitales, será sancionado con pena de prisión de dos a seis años”, se lee en la propuesta.

El plan también busca castigar “sextorsión digital”, y sancionará a quien: amenazando con divulgar contenidos íntimos, datos personales o información humillante, obligue a una mujer a realizar actos sexuales, proporcionar dinero o favores, con pena privativa de libertad de tres a siete años.

La pena será de cuatro a diez años si: la víctima es menor de edad; La amenaza se realiza a través de medios de comunicación, cuentas coordinadas o campañas digitales.

Otro comportamiento que se agrega es “doxing agravado”.

“Quien revele, comparta o publique datos personales o sensibles de una mujer, con potencial para causar daño o riesgo, será sancionado con pena de prisión de uno a tres años”, señala el proyecto.

La multa será de dos a cuatro años si: se produce acoso digital o físico, se causa daño económico o laboral, se pone en peligro a menores bajo su cuidado.

También se propone imponer pena de uno a cuatro años de prisión a quien: distribuya, publique, comparta, divulgue o ponga a disposición de terceros imágenes, audios o videos de carácter íntimo o sexual, sin el consentimiento de quien aparece en los mismos.

El expediente 25.322 surge del continuo aumento de ataques a mujeres y niñas en entornos digitales y la necesidad de llenar el vacío regulatorio que existe en Costa Rica, donde varias leyes abordan segmentos de esta problemática, sin conformar un marco integral con perspectiva de género para abordarla.

Según datos recientes de ONU Mujeres, más del 70% de las mujeres en todo el mundo han estado expuestas a alguna forma de violencia digital. En Costa Rica, un estudio del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica y el Centro de Investigaciones en Comunicación de la Universidad de Costa Rica reveló que el 23,1% de 116 comunicadores reportaron ataques digitales en 2024, y el 39% admitió autocensurarse para evitar mayores ataques.

Además, el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre discursos de odio en Costa Rica muestra un aumento del 31% en personas que generan mensajes violentos en las redes sociales, e indica que siete de cada diez mensajes de odio provienen de hombres, lo que confirma que la violencia digital reproduce las mismas estructuras que sustentan la violencia offline.

“La violencia digital no es un espectáculo, la violencia digital no es un reality show, la violencia digital también es destrucción de vidas. Con este proyecto no solo queremos detener la violencia a nivel físico, sino también a nivel de los diferentes medios y diferentes sistemas donde las mujeres pueden terminar siendo vulneradas”, dijo el congresista Córdoba Serrano.

La propuesta fue elaborada con el apoyo de la Unidad Técnica para la Igualdad y la Equidad de Género de la Asamblea Legislativa (UTIEG), con referencia a una ley modelo de la OEA y de acuerdo con la legislación requerida en el país. Estas incluyen medidas integrales que cubren la creación de protocolos especializados, mecanismos ágiles de denuncia, preservación de evidencia digital, asistencia legal y psicológica y salvaguardias inmediatas para la desindexación o eliminación de contenido dañino.

También establece un régimen de responsabilidad para las plataformas y proveedores de servicios digitales, obligándolos a actuar con diligencia y transparencia en casos de violencia digital, como la distribución no consentida de imágenes íntimas, la falsificación sexual, el acoso, la suplantación de identidad, la sextorsión, el doxing o las campañas de odio por motivos de género.

“Garantizar la seguridad de las mujeres en entornos digitales es parte de garantizar su libertad, su participación y su derecho a una vida libre de violencia en todas sus formas. No podemos permitir que el espacio digital se convierta en un terreno hostil que silencia voces, intimida liderazgos o vulnera la dignidad de las mujeres”, afirmó la diputada Luz Mary Alpízar del grupo parlamentario parlamentario, diputada Luz Mary Alpízar Loaiza.